A pesar de la negativa del PP, el Ayuntamiento depurará responsabilidades legales de quienes actuaron de forma contraria a ley en la demanda contra el ex concejal socialista Manuel Lumbreras, hoy absuelto tras sufrir dos años de persecución política

A pesar de la negativa del PP, el Ayuntamiento depurará responsabilidades legales de quienes actuaron de forma contraria a ley en la demanda contra el ex concejal socialista Manuel Lumbreras, hoy absuelto tras sufrir dos años de persecución política

A pesar de la negativa del PP, el Ayuntamiento depurará responsabilidades legales de quienes actuaron de forma contraria a ley en la demanda contra el ex concejal socialista Manuel Lumbreras, hoy absuelto tras sufrir dos años de persecución política

«Hoy toda la ciudadanía ya conoce el talante intolerante del alcalde de Alcorcón», ha señalado Natalia de Andrés, portavoz socialista, «sin embargo, los socialistas llevamos seis años sufriendo las campañas de acoso y persecución de quien se ha erigido como el alcalde más antidemocrático de la historia de Alcorcón; sin embargo, poco a poco el tiempo está demostrando, sentencia tras sentencia, que David Pérez está abusando de las instituciones y que ha encabezado una persecución política a los concejales socialistas«.

En este sentido, ha destacado que «prueba de ello es la persecución sufrida por el ex concejal socialista Manuel Lumbreras que ha sido víctima durante dos años una intolerable campaña de acoso directa del alcalde y miembros del Gobierno popular; y no lo decimos nosotros sino numerosos informes jurídicos así como la actuación de la propia justicia quien ha archivado de forma rotunda y definitiva una causa que nunca debería haberse abierto».

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Natalia de Andrés ha recordado la cronología de hechos. En junio de 2013, el entonces concejal de Recursos Humanos, Eduardo Serrano presentó en 2013 -apoyándose en un informe elaborado por un funcionario de la Asesoría Jurídica elaborado dos años años, en 2011- una denuncia en la Fiscalía de Móstoles contra Manuel Lumbreras, por la posible comisión de un delito de prevaricación por alterar el orden de prelación de pagos establecido (es decir, pagar las facturas de la luz, por ejemplo para evitar cortes de suministro, o certificaciones de obras por importes de un total aproximado de 5,5 millones de euros que evitaron la generación de otros intereses de demora, frente otros pagos menos urgentes). Como consecuencia de un largo recorrido procesal, Lumbreras permaneció imputado casi dos años y medio hasta el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid del 31 de mayo de 2016 que le pone término.

«Esta denuncia nunca debería haberse presentado puesto que carecía de todo fundamento», ha destacado De Andrés, quien ha señalado que el propio Secretario General del Pleno ha manifestado en un informe que los funcionarios competentes en la materia nunca formularon ningún reparo sobre los pagos efectuados, que el informe del Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica que acompañaba la denuncia nunca aclaró a iniciativa de quien se inicia este proceso ni aporta argumentos ni menciona las razones objetivas de urgencia o necesidad social que justificaron los pagos cuestionados. En dicho informe, el Secretario señala que la denuncia penal formulada por el Concejal carece del apoyo del informe de la Asesoría Jurídica porque en ningún momento se dice que haya indicios de infracción penal.

De Andrés ha sido clara: «Para que se diera esta situación, se produjeron tres actuaciones municipales sin respaldo de informes de la Asesoría Jurídica Municipal: denuncia del concejal Eduardo Serrano , acuerdo de la Junta de Gobierno Local de personación, y orden de la Concejal de Presidencia de interposición de recursos contra el archivo acordado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcorcón».

Natalia de Andrés ha recordado a pesar de que tanto Fiscalía como el juzgado afirmaron que las denuncias no contaban con fundamento, el alcalde se obcecó en recurrir, siempre a coste de las arcas públicas, los diversos autos con el fin de alargar el proceso y ocultar a la ciudadanía que las diversas denuncias que efectuaron a través de los medios de comunicación nunca se apoyaron en hechos reales.

EL ALCALDE HA UTILIZADO FONDOS PÚBLICOS CON FINES PARTIDISTAS

«El alcalde ha utilizado los fondos públicos con fines partidistas: deteriorar la imagen de un partido y perseguir a un concejal socialista del que tiene mucho que aprender no sólo en trayectoria y experiencia sino en honestidad y talante. Sin fundamento jurídico suficiente, Manuel Lumbreras, por su actuación como Concejal delegado de Hacienda, ha permanecido imputado penalmente casi dos años y medio.», ha indicado, «alguien debe rendir cuentas de por qué se ha utilizado el dinero de todos los alcorconeros para esta persecución sin motivo ni justificación al margen de la utilización política».

Sin embargo, para De Andrés, «lo más grave es que la competencia para iniciar este tipo de actuaciones judiciales las ostenta el Pleno municipal y no la Junta de Gobierno Local, órgano que el PP utilizó para personarse en el procedimiento penal:  el acuerdo de la Junta de Gobierno de personación supone el ejercicio de una acción judicial contra un concejal por razón del ejercicio de su cargo, que debería haber contado preceptivamente con el previo informe o dictamen de la Asesoría Jurídica Municipal; es decir, el PP no sólo ha utilizado fondos públicos sino que lo ha hecho ilegalmente puesto que no tenía competencias, ha usurpado las competencias del Pleno que es quien tiene las facultades, según determina el Secretario General , máxima autoridad jurídica de este Ayuntamiento».

Por todo ello, el Grupo Socialista presentó en el Pleno de ayer una moción para depurar responsabilidades legales de todas aquellas personas o bien órganos que hayan actuado de manera contraria a derecho en la denuncia interpuesta contra el ex concejal socialista -ya que hay personas que han adoptado decisiones contrarias a la ley para perjudicar al PSOE – utilizando para ello el dinero de todos los alcorconeros».

Además, en dicha moción se atiende la petición del propio Secretario para elaborar un protocolo de actuación de la Asesoría Jurídica Municipal para este tipo de casos que clarifique los ámbitos de actuación para garantizar el principio de seguridad jurídica, evitar situaciones semejantes en el futuro y clarificar los ámbitos de responsabilidad de los servicios administrativos y de los órganos de gobierno en el ejercicio y desarrollo de las actuaciones judiciales.

Esta moción fue aprobada con los 17 votos a favor de toda la oposición y los 9 votos en contra del PP «por lo que el Gobierno del PP deberá iniciar todas las medidas necesarias para depurar responsabilidad y aquellos que suplantaron las competencias el Pleno, iniciaron actuaciones judiciales sin fundamento jurídico con el dinero de todos los alcorconeros y basándose tan sólo en bochornosos fines partidistas, asuman su responsabilidad», ha indicado De Andrés.

 

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