Los juzgados anulan el desarrollo del Parque El Lucero al considerar ilegal la urbanización impulsada por el Gobierno del PP

Los juzgados anulan el desarrollo del Parque El Lucero al considerar ilegal la urbanización impulsada por el Gobierno del PP

Los juzgados anulan el desarrollo del Parque El Lucero al considerar ilegal la urbanización impulsada por el Gobierno del PP

El PP decidió cambiar la empresa adjudicataria inicialmente y eligió a la empresa Bertolín por un importe mayor y curiosamente vinculada con un familiar de un alto dirigente conocido del PP, Esteban González Pons».

(Actualizada)

La portavoz socialista, Natalia de Andrés, ha denunciando esta mañana, la «nefasta gestión que ha realizado David Pérez en el desarrollo del Parque El Lucero (PP8), tal y como ha ratificado el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº15 de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; estamos hablando de sentencias firmes que anulan el desarrollo y que conllevará consecuencias muy importantes para la ciudad».

El Parque El Lucero fue un proyecto iniciado por el anterior Gobierno socialista que se impulsó con el fin de que empresas de relevancia y con proyección económica se instalaran en la ciudad -como Ikea, gestión iniciada durante aquel mandato- y de este modo potenciar la actividad empresarial de Alcorcón.

De Andrés ha recordado que esta iniciativa se inició en 1998, con el anterior Gobierno socialista, a través de un convenio para el desarrollo de este área de modo que el Ayuntamiento -entonces sin suelo municipal en este enclave-  se responsabilizaba de la urbanización interior y los sistemas generales a cambio de la cesión de suelo por parte de los propietarios. A partir de entonces, encomienda a la Junta de Compensación -entidad gestora y propietaria de dichos terrenos- el proceso de adjudicación de las obras que se otorgará a una empresa por valor de 10,2 millones de euros en 2007. Antes de finalizar 2011 ya se había ejecutado el 38% y restaban 7 millones de obra por ejecutar.

EL PP MODIFICA UNILATERALMENTE EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

«Una vez del PP entra en la Alcaldía, con Pérez  a la cabeza, deja sin efecto esta encomienda -en 2012- a la Junta de Compensación para impulsar la urbanización y decide que sea el Ayuntamiento quien la finalice, pero tan sólo elige urbanizar tres parcelas de todo el desarrollo, donde hoy se ubican Ikea, Bauhaus y Bricomarkt», ha explicado, «de este modo, anula la adjudicación ya iniciada, que incluía todo el terreno y que sólo requería 7 millones de euros para adjudicar una parte, estos tres terrenos, por un valor mayor, más de 7,5 millones de  euros, una decisión un tanto dudosa».

«Ante este cúmulo de situaciones comprometidas, la Junta de Compensación recurrió la decisión del Gobierno al propio Ayuntamiento, que la rechaza, y posteriormente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº15 de Madrid, que otorgó la razón a la Junta. El Consistorio apela ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero éste vuelve a ratificar los hechos: esta sentencia firme anula todas las actuaciones realizadas desde 2012 por el PP al frente del Gobierno desde que decide modificar el proyecto que se desarrollaba en este sector y diseñado por los socialistas», ha indicado.

Para De Andrés, «estas sentencias no sólo reflejan un varapalo político, sino que pueden implicar una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento por parte de la Junta de Compensación en términos económicos no sólo por la indemnización que se deberá afrontar ante la primera empresa adjudicataria sino que existe la posibilidad de que se interpongan posibles reclamaciones ante un trato diferenciado ya que el Consistorio decidió desarrollar algunas parcelas a pesar de que el derecho lo ostentaban todas ellas, la mayoría excepto tres hoy en día sin urbanizar».

Además, «podríamos estar hablando de reclamaciones en cuanto a la tributación del suelo, puesto que ahora se tributa como suelo urbano pero, según las sentencias estos propietarios, en ningún caso cuentan con un suelo urbanizable porque el Ayuntamiento no ha ejecutado la urbanización interna y ni siquiera la tiene en proyecto por lo que no sólo se está perjudicando a las arcas municipales sino que se perjudica la actividad económica de la ciudad y la creación de empleo: estos empresarios han perdido oportunidad de negocio debido a la decisión de Pérez y por un procedimiento a día de hoy ilegal según determinan las sentencias».

OPACIDAD DEL GOBIERNO

Natalia de Andrés ha señalado que «lo más grave es que el Gobierno municipal no ha ofrecido ningún tipo de transparencia en este sentido porque en ningún momento ha explicado, a pesar de su gran disposición a aparecer en los medios, lo que ocurría en relación a un desarrollo que él mismo se ha autoadjudicado en los medios de comunicación» y ha añadido que «debe dar explicaciones de por qué no hay otros centros similares que podrían generar empleo en la ciudad».

Asimismo, ha subrayado que «planteamos es la creación de una comisión de investigación que se tratará en el Pleno municipal en el que se determinarán las responsabilidades en este procedimiento ya que las dudas son considerables: el alcalde deberá explicar por qué anula la ejecución del ámbito tal y como estaba planteada y decide aplicar un modelo ilegal; por qué anula la adjudicación a una empresa que por 7 millones urbanizaba todo el terreno y se lo otorga a otra empresa vinculada con dirigentes del PP que tan sólo urbaniza una parte -tres parcelas- por un precio mayor -7,5 millones de euros-;así como cuándo va a urbanizar el resto del PP8 sobre todo la parte relativa a los accesos y comunicaciones puesto que los vecinos son testigos de los graves problemas de accesos que sufre esta zona».

Finalmente, ha expresado su deseo de que «el resto de grupos municipales de la oposición apoyen la creación de dicha comisión de investigación para que ofrezca luz a una gestión urbanística con serias deficiencias y posibles irregularidades».

 

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