El Grupo Socialista solicitará que el Tribunal de Cuentas fiscalice las posibles irregularidades en la contratación de Jotrinsa por parte de la empresa municipal ESMASA

El Grupo Socialista solicitará que el Tribunal de Cuentas fiscalice las posibles irregularidades en la contratación de Jotrinsa por parte de la empresa municipal ESMASA

El Grupo Socialista solicitará que el Tribunal de Cuentas fiscalice las posibles irregularidades en la contratación de Jotrinsa por parte de la empresa municipal ESMASA

Miguel A. González ha anunciado que se solicitará al Consejo de Administración que se traslade toda la documentación sobre esta presunta contratación irregular para que se depuren todas las responsabilidades

«El Gobierno de David Pérez está cargado de dudosas contrataciones y posibles irregularidades», ha señalado Miguel Ángel González, concejal socialista y miembro del Consejo de Administración de ESMASA, la empresa de Servicios Municipales, quien ha destacado que «las contrataciones realizadas por esta entidad con la empresa Jotrinsa en materia de reparación y respuesto de vehículos no parecen haber seguido la legislación vigente».

En este sentido, ha recordado que fue el propio  ex alcalde de Leganés (PP) quien vinculó, en su declaración en el juzgado relativa a la Operación Lezo, a la empresa Jotrinsa con esta trama en las contrataciones realizadas en el Gobierno regional y ayuntamientos como el de Alcorcón y Boadilla del Monte.

«No hay que olvidar que, al igual que ha ocurrido con las empresas vinculadas con la trama Púnica, Jotrinsa comienza su andadura en Alcorcón al poco de la llegada del PP al Gobierno de Alcorcón, en 2012», ha subrayado, «de hecho, durante los años 2012, 2013 y 2014 se realizaron contratos menores por valor de 285.193,33 euros incurriendo presuntamente en un presunto delito de fragmentación de contratos, según el informe de los abogados de ESMASA».

Igualmente, ha explicado que «además de estos contratos menores, ESMASA abonó a Jortinsa un total de 869.136,33 euros a pesar de que no existía ningún tipo de contrato ya que esta empresa había sido ‘elegida a dedo’ y sin haber solicitado ningún tipo de oferta según exige la ley».

Para el concejal, «nos encontramos ante un hecho muy grave que se añade a la larga lista de despropósitos del PP en torno a esta empresa municipal -la permanente dejadez en la gestión, el intento de desprestigio a sus trabajadores, la utilización de al misma para contratar a sus cargos de confianza a dedo…- ya que, en esta ocasión podría darse el caso de que además se haya utilizado la empresa para realizar posibles pagos irregulares por valor de más de 800.000 euros sin contrato a presuntas empresas ‘amigas’ del Partido Popular según se deduce de las declaraciones del alcalde popular en el juzgado».

Miguel A. González ha indicado que «lo más grave de esta situación es que el alcalde, que ahora saca pecho y anuncia que ha denunciado este hecho cuando es el propio David Pérez quien ostenta el cargo de Presidente de la Junta General de Accionistas y por tanto, máximo responsable de la pésima y posible irregular gestión en la empresa municipal».

«La pretensión del alcalde de intentar esconder su responsabilidad al frente de la empresa y hacer creer a los vecinos de Alcorcón que no sabía nada de por qué se abonó cerca de un millón de euros a una empresa sin contrato, es decir más del 5 por ciento del presupuesto total de la empresa, es un insulto a toda la ciudadanía».

El concejal ha resaltado que «además, durante esos años la empresa contaba con Yolanda Pérez Tenorio (PP) como consejera delegada y José Gabriel Astudillo como Presidente del Consejo de Administración  si bien en 2014 este cargo fue ostentado por los  concejales Susana Mozo y Javier rodríguez Luengo, hoy ediles del Gobierno del PP con David Pérez».

Por todo ello, González ha exigido «que se ofrezca total transparencia en este sentido y que se depuren responsabilidades políticas ya que podríamos encontrarnos ante hechos muy graves: debido a ello, solicitaremos al Consejo de Administración que se traslade toda la documentación sobre esta presunta contratación irregular al Tribunal de Cuentas con el fin de que se analice si han existido algún hecho irregular».

 

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