El Grupo Socialista exigirá en el Pleno que los responsables de la desfuncionarización afronten con su patrimonio individual el perjuicio económico que esta ‘obsesión’ del alcalde ha generado al Ayuntamiento

El Grupo Socialista exigirá en el Pleno que los responsables de la desfuncionarización afronten con su patrimonio individual el perjuicio económico que esta ‘obsesión’ del alcalde ha generado al Ayuntamiento

El Grupo Socialista exigirá en el Pleno que los responsables de la desfuncionarización afronten con su patrimonio individual el perjuicio económico que esta ‘obsesión’ del alcalde ha generado al Ayuntamiento

Daniel Rubio: «El incumplimiento de los acuerdos plenarios en este ámbito ha implicado un perjuicio a los trabajadores y trabajadoras desfuncionarizados y a las arcas municipales: el pago de más de cuatro millones de euros de atrasos a la seguridad social y un coste anual de otro millón de euros en acciones judiciales»

«Las obsesiones y persecuciones políticas que se ejecutan con cargo a los fondos públicos son intolerables», ha señalado el Daniel Rubio, concejal socialista responsable en materia de Recursos Humanos, quien ha destacado que «el odio antisocialista y antisindical que caracteriza a este alcalde ha provocado que se despilfarren las arcas municipales en numerosas acciones judiciales y recursos que nunca se han sustentado en nada tal y como certifican los propios juzgados».

Rubio ha aludido así a la nueva sentencia que avala una vez más el proceso de funcionarización llevado a cabo por el anterior Gobierno socialista impulsado para potenciar la estabilidad laboral y ahorrar gastos al Ayuntamiento en materia de gastos sociales, cerca de un millón de euros al año. «El alcalde, obcecado en reducir al máximo la plantilla municipal, como ocurrió con los más de 100 despidos que impulsó, y en evitar las garantías para la estabilidad que implicaba este proceso, inició un proceso de desfuncionarización de 600 trabajadores sin ningún tipo de base legal, tal y como señalan numerosas sentencias judiciales», ha explicado.

«La nueva sentencia favorable al proceso de funcionarización, nº 465/2017 del TSJM, no hace más que volver a determinar que esta decisión se realizó de forma correcta y siguiendo los cauces legales», ha indicado, «por este motivo, y tras varios años de acciones judiciales iniciadas sin sentido por parte de un alcalde que utiliza de forma torticera los fondos públicos  creemos que es necesario que el regidor asuma de una vez su falta de responsabilidad y las consecuencias de sus obsesiones».

Por este motivo, ha señalado que «presentaremos al próximo Pleno una moción para exigir la exigencia de responsabilidades patrimoniales individuales a todas personas responsables de estas decisiones ilógicas con fondos públicos, bien por acción o mediante su voto emitido en órganos colegiados para proseguir con la vía judicial incumpliendo ya pesar de los acuerdos plenarios aprobados en sentido contrario».

«Es indignante que, cuando el propio Pleno aprobó paralizar este tipo de acciones, el Gobierno decidiera proseguir con un proceso carente de argumentos según determinaban los propios juzgados, con el consiguiente gasto para las arcas municipales», ha explicado. Además, «solicitaremos en dicha moción que por parte de los Servicios Municipales con competencia en la materia se evalúen los costes derivados de la desfuncionarización tanto en el ámbito de los Seguros sociales como en lo referente a los distintos procesos judiciales y acordar, una vez más,  la no interposición de ningún tipo de recurso a las decisiones judiciales».

Asimismo, Rubio ha añadido que «esta iniciativa incluye exigir una vez más la dimisión del Alcalde Presidente como máximo responsable de este atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales; al regidor se le acumulan los motivos para cesar de un puesto que ejerce sin responsabilidad y rigor como todo el país ya conoce» y ha subrayado que «también exigiremos públicas disculpas por parte del Equipo de Gobierno a las personas cuya honorabilidad se ha puesto en entredicho.

Para el concejal, «a la vista de la legislación y estas sentencias judiciales, el proceso de funcionarización emprendido en 2011 cumplía con los requisitos legales y que el Gobierno municipal del PP; pese a ello y a los acuerdos de Pleno para hacer efectivas dichas sentencias judiciales y desistir de sucesivos recursos ilógicos, el alcalde prosiguió con esta obsesión incumpliendo los acuerdo plenarios».

«Este incumplimiento ha implicado al menos dos perjuicios: en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras desfuncionarizados; en segundo lugar, a las arcas municipales por el pago de más de cuatro millones de euros de atrasos a la seguridad social a los que hay que añadir un coste anual de las desfuncionarización de otro millón de euros; por ello, consideramos que es hora de que quienes impulsaron, decidieron y acordaron seguir utilizando esta vía judicial sin ningún sentido ni argumento palíen en daño producido a los fondos públicos y afronten con su patrimonio individual las consecuencias de esta obsesión y persecución de estas acciones«.

DESCARGA SENTENCIA:

Sentencia

 

 

Comparte esta noticia:

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*