El Grupo Socialista muestra su satisfacción por la decisión del Pleno de personarse en el juzgado como afectado en la causa que analiza la presunta prevaricación y malversación en Emgiasa durante el Gobierno del PP

El Grupo Socialista muestra su satisfacción por la decisión del Pleno de personarse en el juzgado como afectado en la causa que analiza la presunta prevaricación y malversación en Emgiasa durante el Gobierno del PP

El Grupo Socialista muestra su satisfacción por la decisión del Pleno de personarse en el juzgado como afectado en la causa que analiza la presunta prevaricación y malversación en Emgiasa durante el Gobierno del PP

El Ayuntamiento de Alcorcón se personará en las diligencias previas abiertas en un Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº2 de Alcorcón  por una presunta «prevaricación y malversación de fondos públicos» de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) tras la querella interpuesta en marzo de este año por la entonces portavoz socialista en la oposición y hoy alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ejerciendo la acusación popular contra Susana Mozo, ex consejera delegada de la empresa municipal Emgiasa

El Pleno municipal aprobó ayer con los 19 votos a favor del Grupo Socialista, Ganar Alcorcón y Ciudadanos y 3 abstenciones (Vox y la portavoz del PP, Ana Gómez), la propuesta de Alcaldía por la que el Ayuntamiento de Alcorcón se personará como acusación particular y perjudicado del posible delito ya que, según Natalia De Andrés «las más que dudosas acciones de Susana Mozo al frente de esta empresa han tenido serias consecuencias y perjuicios contra esta ciudad y su patrimonio público, motivo por el que se interpuso esta querella en el juzgado y que actualmente se encuentra en diligencias previas debido a los indicios de posible delito».

De Andrés ha recordado que «el 9 de marzo de 2012, la concejala Susana Mozo, resolvió de forma unipersonal el contrato de las obras del CREAA (del Centro de Creación de las Artes) con la UTE que efectuaba dichas obras, tan sólo nueve días después de haber presentado -el 28 de febrero de 2012- en el Juzgado de lo Mercantil el concurso voluntario de acreedores de la empresa pública promotora de las mismas, Emgiasa».

De este modo, Mozo reconocía a las empresas FCC y Ferrovial un total de 34 millones de euros en virtud de la resolución de dicho contrato, de los cuales 29 millones de euros fueron abonados directamente por el Ayuntamiento a través del fondo de proveedores sin pasar a través del concurso de acreedores, tal y como hubiera correspondido, por lo que se podría haber producido un posible trato de favor. Sin embargo, «lo más grave es que este contrato, además, se firma con una cláusula de confidencialidad y no pasa ni por Emgiasa ni por el Ayuntamiento ni por ningún notario», ha recordado.

Además, ha explicado otra de las irregularidades: «de los 34 millones de euros abonados, 3,3 millones no están justificados según se afirma por la Dirección Facultativa en julio de 2018 quien aseguraba además que los acopios abonados por valor de 2,4 millones de euros -cifra acordada entre la UTE y Emgiasa según los informes- nunca contaron con el aval ni intervención de los técnicos pero que, a pesar de ello, fueron reconocidos por Susana Mozo», ha señalado De Andrés.

Para De Andrés, «es de vital relevancia para el patrimonio público que el juzgado analice la posible participación en unos hechos presuntamente irregulares por parte de Susana Mozo así como que el propio Ayuntamiento, especial damnificado por estos hechos, se persone como acusación particular».

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