De Andrés: «El PP ha demostrado que la contratación de la auditoría económica con Pérez Llorca, que sirvió para difamar al anterior Gobierno socialista, podría incurrir en graves ilegalidades»

De Andrés: «El PP ha demostrado que la contratación de la auditoría económica con Pérez Llorca, que sirvió para difamar al anterior Gobierno socialista, podría incurrir en graves ilegalidades»

De Andrés: «El PP ha demostrado que la contratación de la auditoría económica con Pérez Llorca, que sirvió para difamar al anterior Gobierno socialista, podría incurrir en graves ilegalidades»

«Poco a poco la inconsistente base sobre la que creó el alcalde su campaña de difamación contra el anterior Gobierno socialista está diluyéndose hasta quedar en nada», ha indicado la portavoz socialista, Natalia de Andrés, quien ha destacado que «lo más grave no es que el regidor construyó todas estas ilógicas denuncias en mentiras y falsas insinuaciones sino que podría haberlo hecho, además, de forma ilegal«.

La portavoz ha indicado que «la comisión celebrada el pasado viernes así parece demostrarlo ya que, en esta sesión, en la que se analizaba la contratación de una auditoría por parte del Gobierno del PP en 2011 sobre cientos de contrataciones elaboradas durante el periodo de mandato del anterior equipo de Gobierno socialista, cuenta con serias irregularidades tanto en la forma como en el fondo». Este informe fue utilizado «para difamar, por ejemplo, a ex concejales como Manuel  Lumbreras a quien se acusó injustamente de realizar pagos sin respetar la prelación establecida y hoy absuelto de toda burda acusación en este sentido», ha manifestado.

Natalia de Andrés ha recordado que «una vez llegó David Pérez a la Alcaldía decidió impulsar una serie de falsas denuncias contra el ex Gobierno socialista para distraer la atención de sus verdaderas intenciones: reducir los servicios públicos a la mínima expresión y despedir a 200 trabajadores de la plantilla municipal; para ello, decidió encargar a una empresa externa la realización de una auditoría económica con el fin de elaborar un informe base que luego utilizaría iniciar acciones judiciales para sembrar titulares en la prensa y crear las cortinas de humo necesarias para ocultar su gestión».

«Todas y cada una de las acciones judiciales iniciadas en virtud de esa ‘auditoría’ externa ellas han sido a día de hoy archivadas ya que carecían de todo fundamento», ha subrayado, «sin embargo, lo más preocupante es que la contratación, el traslado de la documentación para la elaboración de dicho informe y el pago a dicha empresa externa podrían haber sido claramente ilegales».

De Andrés ha explicado que «la auditoría económica que fue realizada por la empresa Pérez Llorca bajo unos fines poco éticos – la persecución política del anterior Gobierno- adolece de una seria e intolerable opacidad puesto que sospechamos que la misma se realizó sin contrato puesto que, aunque se solicitaron sus servicios para elaborar una revisión urbanística y de personal, realizó una auditoría económica 800 expedientes económicos del Ayuntamiento, algo que no permite la ley -puesto que los ayuntamientos ya son auditados por otras entidades y así lo confirma el propio alcalde durante un Pleno- y que implica que alguien trasladó esta documentación de forma irregular a Pérez Llorca para elaborar dicho informe».

«¿Quién contrató a esta empresa para realizar una auditoría económica a pesar de que la ley no lo permite? ¿Quién trasladó esta documentación? ¿Cómo se ha pagado a esta empresa?… Son muchas las dudas en este sentido y por este motivo, solicitamos la celebración de una Comisión de Vigilancia de la Contratación sobre este expediente con Pérez Llorca y en la que pedimos la comparecencia de siete responsables económicos de aquel mandato», ha explicado, «sin embargo, lejos de ofrecer luz en este sentido, los miembros del Gobierno y cargos de confianza del PP se negaron a acudir -como el ex concejal de Hacienda, Óscar Romera, el Director de Administración General y el titular de la Asesoría Juridica- y sólo declararon los dos máximos responsables económicos del Ayuntamiento: el Tesorero y el Interventor municipal».

Natalia de Andrés ha mostrado su sorpresa por las manifestaciones realizadas por ambos: «¿Cómo es posible que ninguno conociera, tal y como afirmaron en dicha comisión, que desconocían la realización de dicho informe económico por Pérez Llorca? Resulta un tanto extraño escuchar en boca de los dos máximos responsables económicos del Consistorio que ambos ignoraban que se habían trasladado a esta empresa 800 expedientes relativos a pagos para elaborar un informe que luego sirvió para iniciar acciones judiciales -todas fallidas- en los juzgados y hacerse la pertinente foto para la difusión mediática».

Según ha subrayado, «podríamos estar hablando de la contratación de una empresa que realizó unos trabajos para los que no fue contratada, con acceso a una información para la que no contaba con permiso y sin ningún tipo de soporte jurídico y legal», tras lo que ha señalado que «resulta curioso ver cómo el PP en el Ayuntamiento de Madrid exige responsabilidad al Equipo de Gobierno por un tema similar cuando aquí en Alcorcón ofrecen la mayor de las opacidades posibles en torno a la realización de un informe que ni siquiera sirvió para los oscuros fines que planteaban puesto que todas y cada una de las causas iniciadas en los tribunales en este sentido se han archivado».

Finalmente, Natalia de Andrés ha indicado que «aunque el PP se niega a acudir a declarar ante la comisión – a lo que no están obligados legalmente pero sí moralmente- exigiremos a todos ellos que cumplan con sus responsabilidades políticas al frente de la administración ya que deben explicar con total transparencia cómo efectuaron esta sospechosa contratación con el fin de aclarar lo ocurrido».

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